CLEARFIELD, Pa. - Cuando los comisionados del Condado de Clearfield aprobaron dos contratos con una empresa de prisiones privadas para abrir el centro de detención de inmigrantes más grande en el Noreste, fallaron al no proveer aviso público como lo es requerido por la ley, privando a los miembros de la comunidad de la oportunidad de comentar sobre el contrato. Esta es la base de una nueva demanda presentada hoy por la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU por sus siglas en Inglés) de parte de dos residentes locales y el grupo de derechos de inmigrantes Juntos.
Los comisionados aprobaron dos contratos el 28 de septiembre pero no publicaron una agenda antes de la reunión, como es requerido por la Ley Sunshine del estado. Solo proveyeron aviso que la reunión ocurriría, sin ofrecer detalles específicos sobre la agenda del comisionado.
El contrato con la compañía de prisiones privadas, GEO Group, es uno de dos contratos aprobados por los comisionados para readaptar las instalaciones para la detención de inmigrantes. El condado también llegó a un acuerdo con Control de Inmigracion y Aduanas, o ICE por sus siglas en Inglés, para detener a la gente acusada de violaciones civiles de inmigracion en la prisión, una evasión de las promesas de campaña del Presidente Biden de poner un fin a los contratos con prisiones privadas en el sistema federal.
"En nuestra forma de gobierno democratico, el público tiene derecho a saber lo que los oficiales públicos están haciendo," dijo Reggie Shufod, director ejecutivo de la ACLU de Pennsylvania. "Los comisionados del condado están requeridos por ley a informar al público de sus asuntos, y no lo hicieron en este caso."
La ACLU presentó la demanda de parte de Tim Smith, quien creció en el Condado de Clearfield y mantiene fuertes lazos con organizaciones cívicas locales.
"Como residente local, espero que los comisionados del condado cumplan con la ley. Es una petición razonable," dijo Smith. "La Ley Sunshine requiere que el condado informe al público de sus asuntos para que la gente opine en una reunión abierta y pública. Los comisionados del condado escucharon los aportes de parte del Grupo GEO e ICE pero casi ninguno del público.
"Ninguno de estos detalles fueron vistos por el público antes de que ellos tomaran la decisión. Ahora sabemos que es un mal acuerdo para la gente. Una reunión abierta nos permitirá demostrarlo."
Juntos ha presentado una solicitud de registros abiertos en relación al contrato, pero el condado ha fallado en responder para la fecha requerida por ley.
Anteriormente este año, el Presidente Biden emitió una orden ejecutiva dirigiendo al Departamento de Justicia a terminar los contratos con empresas privadas para las operaciones de prisiones criminales. Defensores, incluyendo al ACLU, Juntos, y más de 200 otras organizaciones, han urgido a la administración a que expanda la orden ejecutiva para así terminar los contratos con empresas privadas para la detención de inmigrantes.
Con casi 1900 camas, Moshannon Valley será la instalación de detención de inmigrantes más grande del Noreste. Los defensores anticipan que será un núcleo para las operaciones de ICE en la región y posiblemente el país entero. Entre las operaciones nacionales de la agencia, la Oficina Regional de ICE en Filadelfia tiene uno de los índices más bajos de liberar a las personas detenidas bajo libertad condicional.
"La administración de Biden le está dando una instalación masiva a una oficina regional que es hostil a nuestras comunidades," dijo Erika Guadalupe Nunez, directora ejecutiva de Juntos, quien opone la detención de inmigrantes durante sus casos de inmigracion. "Y sus operaciones serán administradas por una empresa privada conocida por abusos y condiciones deshumanizantes.
"La detención de inmigrantes es deshumanizante, ya sea administrada por el gobierno o por una corporación. Y no es necesaria. La gente en nuestras comunidades está mejor en sus hogares con sus seres queridos durante sus casos migratorios pendientes."
La demanda fue presentada en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Clearfield. Los miembros de la comunidad local y Juntos son representados por Witold Walczak y Vanessa Stine de la ACLU de PA, y Thomas Schmidt del Bufete de Abogados Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP. Una copia de la declaración de hoy puede encontrarse en aclupa.org/Moshannon.
